Por Huenumil Caniqueo
Mientras Chile debate sobre las diferencias políticas de sus candidatos en año electoral, hay una coincidencia transversal: ninguno aborda la territorialidad desde una posición de defensa y soberanía. A la ocupación del Wallmapu se suma la histórica postura del Estado chileno de instalar empresas extranjeras que usufructúan las riquezas locales como si fueran propias. Estas compañías no solo dominan los espacios de producción, sino que además sobrepasan, de forma irrespetuosa e intransigente, a las entidades territoriales originarias.
Los rechazos hacia la administración de los Espacios Costeros Marinos para Pueblos Originarios (ECMPO), impulsados por la Ley Lafkenche, son cada vez más frecuentes. Las Comisiones Regionales para el Uso del Borde Costero (CRUBC) no sesionan desde una posición de equidad, y la policía marítima chilena —con escasos medios de fiscalización— es sistemáticamente burlada por la gran industria. Las principales víctimas son las embarcaciones pesqueras artesanales, constantemente emboscadas por flotas industriales. Uno de los casos más emblemáticos es la desaparición del barco Bruma.
Mowi: otra controversia de Noruega en Wallmapu
Desde las Guaitecas, en el extremo sur del Wallmapu, las comunidades del territorio Pu Wapi denuncian nuevamente a la empresa salmonera Mowi, de capitales noruegos, antes conocida como Marine Harvest. Según señalan, la compañía está ocupando caladeros destinados a la pesca de erizos, infringiendo así la normativa vigente.
En un video difundido por las comunidades, el Lonko Daniel Caniullan Huentel advierte:
“Mowi está infringiendo la ley y esperamos que la autoridad chilena la aplique.”
Caniullan sostiene que la actual Ley de Pesca no permite que Mowi opere dentro de zonas de pesca artesanal, y acusa a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura de actuar con total inoperancia.
“Están entregando porciones de agua en lugares que no deben”, denuncia el líder mapuche.
La actividad de la empresa afecta gravemente los espacios donde opera la pesca artesanal, perjudicando directamente la economía de muchas familias de la región de Aysén. Desde Mowi, en tanto, señalan que las concesiones Ensenada Betecoi y Betecoi Suroeste fueron otorgadas por el Estado de Chile hace 20 años. Esta afirmación no ha sido confirmada ni desmentida por las autoridades chilenas.
Cabe recordar que el 29 de febrero de 2024, el mismo Lonko recibió un portazo del Estado chileno tras solicitar la protección de más de 621 mil hectáreas de territorio marítimo. La iniciativa fue rechazada por pescadores artesanales chilenos, diversas organizaciones y la institucionalidad de ese país.
Rechazo a la protección del Wadalafken
Más al norte, en la actual región de Los Ríos, organizaciones mapuche costeras solicitaron la protección de más de 115 mil hectáreas entre Los Molinos y la desembocadura del río Bueno, también bajo la Ley Lafkenche. Sin embargo, el 20 de mayo de 2025, en sesión del CRUBC Valdiviano, dicha solicitud fue rechazada.
El episodio repite la historia vivida en las Guaitecas: desdén institucional frente a una demanda legítima. Como compensación, el CRUBC ofreció apenas 359.000 hectáreas, una cifra ínfima frente al vasto mar entregado a la pesca industrial.
En un comunicado público, las organizaciones mapuche afectadas manifestaron:
“Si bien la votación no fue favorable, el Gobernador Luis Cuvertino firmó un acuerdo donde se comprometió a volver a revisar los antecedentes de nuestra ECMPO, esta vez de manera participativa, en el marco de la reclamación que ingresaremos. Se producirá una nueva votación, esta vez considerando los argumentos de las comunidades.”
También aclararon una distorsión repetida por actores contrarios a la ECMPO:
“Si se aprueba el ECMPO Wadalafken, no es que los pescadores perderán sus derechos. Lo que haremos es ejercer condiciones para la navegación. Eso queremos que quede claro.”
“El Estado ha hecho un trabajo deficiente que ha generado mucha incertidumbre, incluso rivalidad entre comunidades y pescadores. Eso no puede estar más lejos de nuestro objetivo. Por eso es fundamental el diálogo para llegar a una sana convivencia como habitantes de un mismo territorio.”
La defensa marítima mapuche no es un acto simbólico ni una simple demanda legal: es una expresión concreta de soberanía frente a un Estado ocupante que sigue favoreciendo el extractivismo extranjero en desmedro de los pueblos originarios. Mientras la institucionalidad chilena niega protección a vastos territorios costeros y legitima prácticas industriales que destruyen la pesca artesanal, las comunidades mapuche insisten en un modelo de gestión territorial basado en el equilibrio, el respeto y la convivencia. Lo que está en juego no es solo el control de las aguas, sino la posibilidad de construir un futuro propio desde el mar, con dignidad, autonomía y justicia.
