Por Raigan Nawel
Mientras las comunidades mapuche siguen proponiendo modelos de desarrollo sustentables, colectivos y en vínculo espiritual con la tierra, el Estado chileno continúa validando proyectos empresariales que refuerzan la ocupación y el despojo territorial en Wallmapu. El más reciente ejemplo de esta política es el caso del “Nuevo Desarrollo Inmobiliario en Bahía Coique”, impulsado por Inmobiliaria Arenas Blancas S.A., empresa cuyo directorio está conformado por los hijos del fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera.
El proyecto busca construir 208 viviendas turísticas en una franja de 41 hectáreas a orillas del Lago Ranco, una zona de alta significancia ecológica, histórica y espiritual para las comunidades mapuche de la identidad Traruche(denominación gentilicia mapuche). Las viviendas se distribuyen en etapas, con sistemas viales, tratamiento de aguas servidas, estacionamientos y áreas verdes que crearán un centro urbano en una zona actualmente rural.
Un contraste brutal con las propuestas mapuche
El avance del proyecto contrasta abiertamente con los principios de desarrollo que sostienen las comunidades de la Futawillimapu, que desde hace años levantan propuestas de ordenamiento territorial basadas en la sustentabilidad, el cuidado de los ecosistemas, y la restitución de tierras ancestrales. Para las comunidades organizadas en Epulafkenmapu Inakayaiñ, este tipo de intervención no solo amenaza la vida mapuche, sino también el equilibrio ecológico del territorio.
“La gentrificación de nuestro territorio comienza así: disfrazada de turismo, pero con consecuencias profundas e irreversibles”, han señalado desde la organización. El recuerdo de conflictos anteriores, como el intento de instalar un circuito de esquí náutico en la misma zona —proyecto que fue frenado por la movilización comunitaria—, refuerza la desconfianza frente a esta nueva arremetida empresarial.
Agilidad estatal para el invasor
Uno de los elementos que más llama la atención es la celeridad con que las instituciones chilenas responden a estos proyectos. Mientras los procesos administrativos para comunidades mapuche suelen estancarse en burocracia o directamente ser ignorados, las iniciativas empresariales de gran envergadura reciben atención rápida, observaciones “salvables” y respaldo institucional, incluso frente a informes que advierten sobre impactos ambientales significativos.
El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en su informe reconoce la posible afectación a dos humedales protegidos: el mismo Lago Ranco y el río Coique. Sin embargo, como ha ocurrido con otros megaproyectos —como las salmoneras o la destrucción del río Pilmaiquén a manos de la empresa noruega Statkraft—, estas observaciones terminan sin consecuencias reales para quienes las infringen.
Autoridades locales sin herramientas ni voluntad
Este tipo de imposición territorial también expone la debilidad de las autoridades municipales y locales, que, al enfrentarse a proyectos respaldados por capitales de envergadura, no cuentan con herramientas técnicas, ni voluntad política para contrarrestar sus impactos. Peor aún, muchas veces aceptan los términos de las empresas a ojos cerrados, sin considerar el contexto histórico del conflicto entre el Estado chileno y la Nación Mapuche.
La planificación territorial —clave para cualquier proceso sustentable y armónico— está ausente en los estudios de impacto ambiental y en la toma de decisiones. Lo que existe, en cambio, es una continuidad del modelo de ocupación: convertir el territorio mapuche en objeto de inversión y consumo, sin importar los pueblos que lo habitan ni los daños que eso genera.
Lo que dicen las comunidades no importa para Chile
La realidad es cruda: para el Estado chileno, lo que digan las comunidades mapuche no importa. Siguiendo una lógica colonial que se niega a desaparecer, las únicas ideas válidas son las que provienen de la aristocracia chilena y extranjera. Esa es la verdadera cara del modelo de desarrollo que se impone en Wallmapu: uno donde la tierra es mercancía y los pueblos que la defienden, obstáculos.
Frente a esto, las comunidades mapuche continúan resistiendo, no solo con protesta, sino con propuestas. La defensa del Lago Ranco no es solo una lucha contra un proyecto inmobiliario: es una lucha por la posibilidad de otro futuro, donde vivir en equilibrio con la Ñuke Mapu no sea la excepción, sino la regla.
