El 18 de diciembre de 2024, Wallmapu cerró el año gregoriano marcado por operativos policiales y la desaparición de una defensora de la tierra. En las comunidades mapuche de Loma de la Piedra y Purrehuín, la Policía de Investigaciones (PDI) irrumpió en domicilios siguiendo órdenes del gobierno provincial de Osorno. Este hecho se suma a la desaparición de Julia Chuñil Catricura en Máfil, ocurrida el 8 de noviembre, en el contexto de una disputa territorial con un empresario forestal.
Mientras tanto, compañías forestales trasladan ganancias millonarias al extranjero, dejando tras de sí territorios devastados y comunidades empobrecidas.
Desaparición de Julia Chuñil
Antes de desaparecer, Julia Chuñil Catricura, reconocida defensora de las tierras mapuche, advirtió a su familia: “Si me pasa algo, ya lo saben”. El 8 de noviembre de 2024, salió en busca de sus animales hacia el predio conocido como Reserva Cora Uno A, en Máfil, donde ocasionalmente se alojaba.
A más de un mes de su desaparición, la búsqueda sigue activa, impulsada por la movilización de su comunidad y familiares, quienes exigen justicia y respuestas del Estado.
Impunidad financiera: Robos millonarios y ganancias extractivistas
En contraste, los crímenes financieros en el sector forestal parecen recibir un trato más indulgente. Cuatro empresarios chilenos –Cristián Reyes Castro, Estela Soto Ulloa, Diego Armando Reyes Garay y Javier Ramírez Núñez– fueron imputados por un robo de madera valuado en 13 mil millones de pesos. Las empresas involucradas, entre ellas Forestal Queule y Forestal Leonera, operaron con impunidad hasta su detención. A pesar de la gravedad del delito, los acusados solo enfrentan arresto domiciliario.
Por otro lado, dos de las mayores compañías forestales de Chile, CMPC (controlada por el grupo Matte) y Arauco (del grupo Angelini), han anunciado inversiones millonarias en Brasil, financiadas con recursos obtenidos en Wallmapu. Estas empresas extraen riquezas del territorio ancestral mapuche, dejando comunidades empobrecidas y ecosistemas destruidos.
Ganancias para Brasil, devastación para Wallmapu
La compañía CMPC, del grupo Matte, invertirá 5 mil millones de dólares en el proyecto Natureza, en el estado de Rio Grande do Sul. Esta planta de celulosa producirá 2,4 millones de toneladas anuales y promete operar bajo estándares de sostenibilidad, incluyendo un parque ecológico. Sin embargo, estos compromisos medioambientales contrastan con la falta de regulaciones que permitieron décadas de explotación en Chile.
Por su parte, Arauco invertirá 4.600 millones de dólares en Brasil para construir una planta de celulosa con una capacidad de 3,5 millones de toneladas métricas anuales. Según la empresa, el proyecto será financiado con bonos de deuda y recursos propios.
Ambas compañías justifican estas inversiones con el atractivo regulatorio y fiscal brasileño, dejando atrás un Wallmapu que enfrenta escasez de agua, suelos erosionados y un empobrecimiento generalizado.
Una justicia desigual
Mientras las grandes empresas forestales llevan las ganancias obtenidas de las riquezas obtenidas desde territorio mapuche al extranjero, las comunidades enfrentan militarización, criminalización y represión. La desaparición de Julia Chuñil y los allanamientos recientes en Wallmapu son ejemplos de cómo el Estado de Chile prioriza los intereses de las élites económicas sobre la protección de todas las formas de vidas (Fillke mongen), los derechos humanos y territoriales de los pueblos originarios.
El contraste es evidente: castigos desproporcionados para quienes defienden la tierra y un trato indulgente para los responsables de crímenes financieros. Este desequilibrio perpetúa un sistema que beneficia a pocos a costa de muchos, dejando a Wallmapu en una lucha constante por la justicia y la dignidad.
Por Raigan Nawel
