En el corazón de Chiloé, la empresa forestal Golden Spring Forestal (Chile) Cía. Ltda., en conjunto con la Comunidad Indígena Coihuín de Compu, cayó en una «pisada de palito» que terminó en una sanción sin precedentes: una multa conjunta de $22.450 millones. ¿El motivo? La tala indiscriminada de más de 1.250 hectáreas de bosque nativo, una actividad ilegal que se extendió por más de dos décadas y que causó daños irreparables al ecosistema.
El extractivismo forestal, que generó ganancias de $3.741 millones, incluyó la extracción de especies nativas como canelo, coihue, tepú, mañío y luma, afectando además cursos de agua y la estabilidad del suelo en las zonas de Yerba Loza (Chonchi) y Tepuhueico (Quellón). La Corporación Nacional Forestal (CONAF) lideró la investigación y reveló que la madera era extraída en horarios nocturnos y fines de semana, transportándose a aserraderos locales.
El director regional de CONAF, Miguel Leiva, destacó: “Este caso no solo expone un lucro desmedido, sino también un daño ambiental que tardará décadas en recuperarse.”
Golden Spring: ¿cazador cazado?
La transnacional Golden Spring Forestal, de origen asiático, adquirió en 1993 más de 23.891 hectáreas en Quellón con fines de explotación forestal. Sin embargo, tras enfrentarse a la presión social y ambiental en los años 90, la empresa abandonó sus planes, pero mantuvo las tierras bajo su dominio. Décadas después, estas propiedades fueron escenario de un lucrativo negocio ilegal en colaboración con la comunidad indígena local.
La Comunidad Indígena Coihuín de Compu, en busca de beneficios económicos, accedió a talar áreas protegidas dentro de sus territorios. Lo que en un inicio parecía un trato favorable terminó en una sanción monumental que, según el fallo del Juzgado de Policía Local de Castro, obliga a ambas partes no solo a pagar la multa, sino también a presentar un plan de reforestación en un plazo de 30 días.
Un daño que supera lo económico
Además de la pérdida de biodiversidad, los efectos ambientales incluyen erosión del suelo, contaminación de cursos de agua y una afectación directa al equilibrio ecológico de Chiloé. “El bosque nativo es una parte integral de nuestra identidad y su destrucción afecta no solo a las comunidades locales, sino también al patrimonio ambiental de todo Chile,” señaló Leiva.
Permisividad estatal y desestabilización interna
Este caso no solo expone la codicia de las empresas extranjeras, sino también la permisividad del Estado chileno, que ha facilitado la entrada de compañías como Golden Spring Forestal sin una regulación adecuada. La explotación del bosque nativo en Wallmapu y Chiloé no se dio en un vacío: fue posible gracias a la inacción y las maniobras políticas que desestabilizan a las comunidades indígenas y sus territorios.
En este sentido, figuras políticas como Iván Moreira han fomentado divisiones al promover la creación de un “pueblo chilote” distinto al mapuche, en un claro intento por fragmentar la unidad territorial del Wallmapu. Irónicamente, fue una organización vinculada a esta narrativa separatista la que participó en el delito de tala ilegal, contribuyendo al saqueo de recursos y a la devastación ambiental.
Es necesario que Chile y sus líderes políticos asuman también sus responsabilidades penales, ya que han permitido que estas maniobras persuasivas desestabilicen la gobernanza indígena y favorezcan la intervención extranjera. Este modelo no solo explota los recursos naturales, sino que perpetúa la fragmentación social y cultural de los territorios ancestrales.
Por Huenumil Caniqueo
