El Estado chileno ha utilizado el desplazamiento de comunidades como un método de control sobre los territorios ocupados mediante la invasión. Lo hizo anteriormente con la colonización, incentivando la llegada de poblaciones europeas para asentarse en Wallmapu. Hoy, la inmigración se ha convertido en otro conflicto extranjero, instalando población desde territorios empobrecidos sin ningún mecanismo de control ni infraestructura adecuada para acogerla, lo que ha saturado los servicios de salud, viviendas y puestos laborales. Esta situación ha sido aprovechada por el sector frutícola, que ofrece sueldos irrisorios a los operarios que trabajan en el rubro.
De manera similar, la banca internacional atrae a corporaciones y compañías extranjeras ofreciendo fondos de inversión y servicios financieros que facilitan la instalación de infraestructura agroindustrial, pesquera y forestal en Wallmapu. Estos sectores, al sobreexplotar los recursos, generan crisis que culminan en la confiscación y remate de bienes, dejando un deterioro ambiental irreversible y un desgaste de los nutrientes en las unidades productivas, método conocido como la “extracción de rentas”.
Modus Operandi
Los métodos que buscan causar daños irreparables a las poblaciones locales priorizan el sistema laboral y productivo. Esto comienza con la intervención en las organizaciones locales, proporcionándoles recursos para influir en las decisiones de sus líderes. En el caso de la industria lechera, las empresas transnacionales proporcionan un porcentaje de las entregas a los gremios, que terminan desestimando la representación de sus socios y actúan bajo las directrices de compañías como Soprole y Nestlé. Según Aproleche, en 2017 quedaban 4.500 de los 17.500 productores dedicados al rubro. Este proceso ha convertido las unidades productivas en parcelas de agrado, generando una “jibarización” del medio productivo, lo que provoca crisis alimentarias debido a las malas decisiones de quienes poseen la tierra.
En el caso de los cereales, los molinos son los instrumentos de control para determinar los precios a los productores, aprovechando la exportación de países que subsidian la producción de trigo, maíz y otros productos. “Los molinos se han agrupado en lo que llaman el G9, donde las molineras se instalan cerca de los puertos para acaparar los granos y luego ofrecen a los productores nacionales precios por debajo del precio de paridad”, afirma Camilo Guzmán, de Agricultores Unidos, un gremio que surgió tras la falta de representatividad en las organizaciones tradicionales como SOFO, SNA y SOFOFA.
Respecto al sector frutícola, la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) ha utilizado a su favor la inmigración ilegal. A través de contratistas, llevan esta mano de obra a los huertos. Según Alejandro Santa María, presidente nacional de los trabajadores transitorios y temporeros: “Los trabajadores son tratados como números en el costo, en el flujo, en la migración, en los problemas sociales y laborales, y en los problemas culturales”. Este fenómeno contribuye a los conflictos de intereses entre los sectores, una situación de la que no se hacen responsables quienes la provocaron. “El choque de culturas sirve a un sector individualista, que mantiene el poder y gestiona colectivamente a las masas utilizando una psicología confucionista. Desinforman hasta el punto de confundir y dividir a los sectores sin identidad y sin ideales propios de nación”, añade el dirigente.
Sin tiempo a la regeneración
La misión de la sociedad mapuche de producir en un ámbito de concordancia se ve afectada por el método de “extracción de renta”, que busca generar negocios y levantar empresas explotando las tierras más allá de lo razonable. “Esto impide que la actividad sea sostenible. Por ejemplo, en la industria lechera, las transnacionales pagan precios mínimos, lo que afecta tanto a las unidades productivas como a los consumidores locales”, señala José Antiñir, Gvlmen Mapu de Huite-Paillako.
El facultativo de la economía y hacienda de Küme Ülmen, corporación agroalimentaria e industrial de la Autoridad Nacional Ancestral Mapuche agrega: “No se pueden devolver nutrientes al suelo en un método que sobreexplota sin dar tiempo a la regeneración natural”. Antiñir explica que, en la región de La Araucanía, los suelos, que anteriormente producían grandes cantidades de granos, han sido destinados al sector forestal, lo que ha agotado la vitalidad de la tierra. “Se requieren alrededor de 2 millones de pesos por hectárea para la inversión en las condiciones actuales, y esa cifra aumenta a 4 o 5 millones de pesos en regenerar nutrientes terrenos dedicados a monocultivos forestales”, afirma Antiñir, al analizar la pobreza de nutrientes como fósforo (P), potasio (K) y calcio (Ca), un problema que comienza a alarmar debido a la escasez de estos elementos en los suelos del mundo.
Para enfrentar esta situación, los trabajadores deben actuar de manera contraria al esquema actual, regenerando las riquezas. Esto implica, según Alejandro Santa María, “unir los clanes, generar un control de registro de actores, empresas y valores, regular el formato de contratación y fiscalizar los fondos previsionales del sector laboral”.
El camino hacia la autonomía
Todo lo mencionado es lo que pretenden las nuevas instituciones mapuche que se están formando alrededor de los parlamentos de las Autoridades Ancestrales en los territorios, incentivadas por el llamado de los lonkos y gvlmenes. Estos líderes, que habían visto su influencia disminuida, han recuperado fuerza para levantar la moral de los territorios y guiar a los pueblos que componen la nación del país mapuche, actualmente bajo ocupación de los Estados de Chile y Argentina.
Por Huenumil Caniqueo
